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En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomará esta semana cinco declaraciones testimoniales clave para determinar si existieron irregularidades en la compra de tres propiedades por parte de Manuel Adorni. Entre los convocados figuran desde el hijo de una de las jubiladas que otorgó una hipoteca privada, los dueños de la inmobiliaria involucrada, hasta el encargado de la refacción de una de las casas en el barrio privado de Exaltación de la Cruz.
El lunes por la mañana, en los tribunales de Comodoro Py, declararon los dueños de la inmobiliaria Rucci, donde la justicia federal ya secuestró los boletos de compra-venta del departamento ubicado en Miró 500, barrio de Caballito. La primera en brindar su testimonio será la martillera Natalia Rucci, seguida de su esposo Marcelo Trimarchi, citado para las 11 horas. El fiscal busca esclarecer detalles sobre el inmueble: el precio inicial, la forma en que se efectuó la transacción, el estado original del departamento y el costo final tras las reformas.
Tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, surgieron nuevos datos que aportan a la investigación. Fue ella quien mencionó que Adorni conocía al hijo de una de las jubiladas que facilitaron la hipoteca privada de 200.000 dólares para la compra del departamento en Caballito. Por ese motivo, Pollicita citó para el miércoles a Pablo Martín Feijoo, identificado por la escribana y corroborado mediante un documento obtenido por la Fiscalía tras una orden de presentación a la inmobiliaria Rucci.
La semana pasada declararon las dos jubiladas que avalaron el préstamo privado a favor de Adorni. La madre de Feijoo aseguró que su hijo gestionó en su totalidad la operación, negó conocer al funcionario y afirmó que solo lo vio el día en que se firmó la escritura. Además, se solicitó la declaración testimonial del encargado del edificio de Miró 500, el inmueble en cuestión.
Asimismo, el fiscal indaga cuánto invirtió Adorni en refacciones de la casa ubicada en el country Indio Cuá. Para ello, citó a declarar como testigo a Matías Tabar, el constructor responsable de los trabajos, quien deberá presentarse el viernes 24 de abril en Comodoro Py. Respecto al lote 380 del barrio privado, la Fiscalía solicitó a la administración información detallada sobre el pago de la entrada, que asciende a 5.000 dólares, así como el destino y titularidad de las expensas, que según Clarín alcanzan los 700.000 pesos y están a nombre de Angeletti.
El contratista deberá aportar contratos, presupuestos, facturas y comprobantes de pago relacionados con las obras, además del listado de trabajadores, comunicaciones con Adorni, valores finales y mensajes de Whatsapp con el funcionario y su esposa. Todo ello con el fin de esclarecer quién efectuó los pagos y cómo.
Finalmente, la Fiscalía busca establecer el valor real de la propiedad para comparar con la declaración jurada del jefe de Gabinete y analizar si los valores de mercado coinciden con los registrados en su patrimonio oficial. En el dictamen del Ministerio Público Fiscal consta que el valor promedio de venta de casas en el country Indio Cuá ronda los 149.875 dólares, con un rango que va desde 129.000 hasta 249.000 dólares según la superficie y ubicación del lote. A esto se suma una cuota de ingreso cercana a los 5.000 dólares y expensas mensuales que incluyen el uso de todas las instalaciones deportivas.
La ronda de testimoniales culminará el 27 de abril con la declaración de Juan Cosentino, responsable de la venta de la propiedad en el country Indio Cuá al matrimonio Adorni-Angeletti.
